Presidentes de más de 20 organizaciones empresariales de la región presentan una declaración conjunta a los Jefes de Estado y de Gobierno en la XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo
SANTO DOMINGO.- Los dirigentes de organizaciones empresariales presentes en la XXXI Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas presentaron la Declaración de Santo Domingo, en la que instan a los gobiernos a garantizar el respeto a la libertad de asociación, la libre empresa y el Estado de Derecho en todos los países de la región, sin excepciones.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) fue el escenario del encuentro, organizado por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), que tuvo como anfitrión la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom).
La XXXI edición de la Reunión se celebró en el marco del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en colaboración con el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que este año tiene como lema «Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible.
La apertura de la reunión estuvo encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes dominicano, Víctor -Ito- Bisonó Haza; la presidenta del CEIB, María Paz, de Ecuador; José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la presidenta de Copardom, Laura Peña; el secretario general de la OIE, Roberto Suárez Santos, y Gerardo Cueva, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
La reunión de presidentes de organizaciones empresariales culminó con la adopción de la Declaración de Santo Domingo. Entre los aspectos más destacados del documento figuran:
- El compromiso de las empresas con el desarrollo sostenible, teniendo la libertad de emprendimiento y la iniciativa individual como eje para ejercer de motor de desarrollo, crecimiento y creación de empleo.
- La necesidad de coordinar a todos los actores políticos, económicos y sociales para garantizar la sostenibilidad de las empresas, en particular, con la reactivación de la economía tras la pandemia y en el contexto de la actual crisis global energética y geopolítica.
- La importancia de fortalecer las instituciones democráticas para generar seguridad jurídica, estabilidad social y un clima adecuado para las inversiones, el incremento de la productividad y el empleo, así como la transparencia y la integridad en el comportamiento de los gestores públicos.
- Una mayor (y más inclusiva) participación en la transformación digital mediante inversiones en infraestructura y un acceso tecnológico más inclusivo para personas y empresas, en particular para las Mipymes, así como ambiciosas reformas en los sistemas educativos y de formación profesional que correspondan a las necesidades del mercado de trabajo y las oportunidades de la revolución digital.
- El fomento de nuevas formas de empleo que generen mecanismos de adaptabilidad para los cambios del mercado, mayor resiliencia para las empresas y estimulen la creación de empleo productivo y trabajo decente.
- La promoción del emprendimiento de las mujeres, así como su acceso a las habilidades digitales y de liderazgo, para lograr mayores progresos en materia de inclusión y participación.
- En el proceso de adaptación al cambio climático, la mejora del acceso a financiación e incentivos para transformar los modelos de negocios, anticipar las cualificaciones y habilidades a las necesidades de la economía verde.
- Acciones más ambiciosas e innovadoras para reducir los altos e insostenibles niveles de informalidad en la región y facilitar una transición hacia la economía formal mediante marcos regulatorios más atractivos e instituciones más eficientes, así como mediante la lucha contra la corrupción y la burocracia excesiva.
