Punta del Este, Uruguay.-  El Gobierno dominicano se compromete a extender los esfuerzos para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento territorial.

La Declaración de República Dominicana fue expuesta en la VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe-PR23 que tiene lugar en Punta del Este, Uruguay, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2023.

El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,  Domingo Matías, es el representante oficial o coordinador de la misión que participa por la República Dominicana.

En el documento proponen mejoras en la gobernanza y la institucionalidad para la gestión del riesgo de desastres y la acción climática y la interoperabilidad con otras políticas y sistemas y hacer uso de la ciencia y la tecnología.

“Proponemos el intercambio de experiencias entre nuestros países, a través de mecanismos propios y con apoyo de la cooperación internacional que logrará incrementar la resiliencia ante los desastres y los efectos del cambio climático, de nuestra región de Las Américas y el Caribe”, indica la declaración.

El documento señala que la República Dominicana presenta factores que la hacen proclive a ser afectada por eventos hidrometereológicos, geodinámicos y otros de origen natural.

Entre los factores, cita la posición geográfica, características orográficas y su dinámica social que provocan altos niveles de riesgo de desastres, siendo exacerbados, en el caso de los hidrometeorológicos, por el cambio climático.

“Esto último representa un reto adicional para la sostenibilidad económica y social del país, también de acuerdo con el índice de vulnerabilidad al cambio climático, elaborado por la CAF, ha sido clasificada como el quinto país de mayor vulnerabilidad en la región de América Latina y el Caribe, luego de Haití, Guatemala, El Salvador y Honduras”, subraya.

En ese sentido, precisa que las lluvias ocurridas en el 2016 y abril 2017 ocasionaron pérdidas directas estimadas de US$862 millones, representando el 1.1% del PIB y más recientemente en el 2022, el huracán Fiona afectó al país con pérdidas económicas directas estimadas de US$381.74 millones, lo que representa un 0.3% del PIB nominal.

Sostiene que en el país, hay avances significativos en la gestión del riesgo de desastres y en la acción climática y resalta su incorporación en la planificación del desarrollo y en la inversión pública, específicamente en el Plan Plurianual del Sector Público, en los planes estratégicos institucionales, en el plan nacional y planes municipales de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal y estrategias provinciales de desarrollo.

Destaca que ha sido promulgada la Ley de Ordenamiento territorial, Uso de suelo y Asentamientos Humanos (Ley 368-22, la cual crea importantes instrumentos y el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Además, la ampliación del clasificador funcional del sector público para el presente año 2023, incluidas subfunciones de cambio climático y gestión del riesgo y se desarrollan otras iniciativas para mejorar la incorporación de estas temáticas en los proyectos de inversión pública.

Resalta como un logro importante la incorporación de indicadores de desempeño de la política de gestión del riesgo de desastres incluido el cambio climático en el sistema de evaluación de desempeño institucional, lo que permitirá fortalecer su integración en la planificación institucional.

En cuanto al fortalecimiento de la gobernanza, sostiene que ha sido elaborada una propuesta de reforma de la ley vigente que fortalece los aspectos de planificación, incorpora la protección social adaptativa, la articulación con la política de cambio climático y otras políticas sectoriales, la protección financiera, entre otros, y se está en proceso de formulación de la política de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD).

Indica que se trabaja también en la actualización del plan nacional de reducción del riesgo de desastres y se ha logrado un gran avance en la protección social adaptativa.

Cambio climático y tecnología

En cuanto al cambio climático, destaca que se llevan a cabo proyectos y actividades para la implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC-RD 2020) y su Plan de acción 2022.25, entre otras muchas actividades, lo que apunta al cumplimiento del objetivo 13 de los ODS, relativo a la incorporación de medidas para la acción climática en las políticas, estrategias y planes nacionales.

En materia de ciencia y tecnología, puntualiza que el país cuenta con instrumentos y herramientas que facilitan la recopilación, análisis y divulgación de datos e informaciones para la toma de decisiones y la planificación basada en evidencias.

Destaca el sistema de información para la gestión de riesgo de desastre y la acción climática, el Sistema de Recopilación y Evaluación de Daños y Pérdidas de la República Dominicana (SIRED-RD) que permite ofrecer informaciones sistemáticas para cuantificar las pérdidas ocasionadas por los desastres y el Sistema Integrado Nacional de Información (SINI).

Además, se avanza en la formulación de una política nacional de alerta temprana, se trabaja también en la realización de un diagnóstico de servicios climáticos con miras a fortalecer la información meteorológica en el país, entre otras acciones.

“Si bien se ha logrado una mejora significativa en la implementación de las políticas de gestión del riesgo de desastres y de cambio climático, la República Dominicana, como otros países de la región, enfrenta grandes desafíos, por lo que debemos continuar trabajando para proteger a nuestra población y nuestras economías de los efectos negativos de los desastres y el cambio climático”, señala.

En ese aspecto, entre los planteamientos para lograrlo figuran incrementar los estudios probabilísticos de las amenazas, la interoperabilidad local y regional y la disponibilidad de recursos para acciones concretas de reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

También evaluar el funcionamiento de los sistemas nacionales de gestión del riesgo de desastres y reforzar aún más los marcos normativos en los países de la región, para dar respuesta a los desafíos que implica el cumplimiento de las metas del marco de Sendai, el plan de acción regional y los objetivos de desarrollo sostenible, entre otras acciones.